El caso del Pabellón de Judo puede poner fin a la carrera política de José Jover 

*La instalación deportiva carece de licencia de actividad porque no cumple con las normas de seguridad.

*Sin embargo, el alcalde firmó un documento de cesión de las instalaciones en el que se aseguraba que el pabellón contaba con «todos los permisos, licencias y autorizaciones necesarias».

*La Federación Madrileña de Judo amenazó al alcalde con acusarle de falsedad documental si el Ayuntamiento ordenaba el cese de la actividad…
*Y el pabellón sigue sin licencia acogiendo a cientos de personas de manera habitual sin que cuenten con la protección que exige la Ley porque el alcalde teme enfrentarse a una demanda que le podría inhabilitar o incluso llevar a la cárcel.

¿Falsedad documental?

El Pabellón de Judo municipal, inaugurado en 2010, sigue sin contar con licencia de actividad porque no cumple las normas de seguridad exigidas por la Ley. Pero sigue acogiendo distintas actividades y competiciones que llegan a congregar en sus instalaciones hasta a mil personas. Sin duda una grave imprudencia de la que es único responsable el alcalde José Jover, que podría haber incurrido en falsedad documental al firmar en la cesión del pabellón a la federación madrileña de judo, en diciembre de 2010, que el edificio se ajustaba a normativa al contar con «todos los permisos, licencias y autorizaciones necesarias conforme a la Ley», cuando la realidad era otra.

De hecho, el Ayuntamiento ordenó en marzo de 2014 el cese de la actividad, entendiendo que no podía continuar sin la pertinente licencia, cuando además las deficiencias que impedían su concesión tenían que ver con un asunto tan delicado como la seguridad. Sin embargo, la contundente respuesta de la Federación Madrileña de Judo dejó sin efecto la medida: «El edificio se ajusta a normativa, porque así lo reconoce el Ayuntamiento en el convenio de cesión firmado con esta federación, en el que en el artículo 3 de dicho convenio, firmado por el Sr. Alcalde-Presidente de dicho Ayuntamiento, se reconoce que este entrega la instalación con todas las licencias, permisos y autorizaciones, conforme a la Ley. El Alcalde, de no ser así, como ahora sostiene el Ayuntamiento, es evidente que habría incurrido en falsedad, y así lo denunciaremos en su momento, si fuera preciso».

Entre la espada y la pared

Ante la comprometida situación en la que quedaba el alcalde José Jover, el Ayuntamiento intentó entonces acometer las actuaciones necesarias para solventar los problemas que impedían obtener la licencia, contratando para tal fin a la empresa TAGA S.A., que acabó resolviendo el contrato de mutuo acuerdo, al considerar que ni llevando a cabo las obras previstas en el expediente de legalización de actividad «se obtendría el certificado por parte de la entidad de inspección y control industrial y, como consecuencia, no se podría legalizar la actividad del pabellón».

Aún así, el Pabellón de Judo sigue abierto de manera imprudente. Y si es así es porque el alcalde se tendría que enfrentar en los tribunales a una más que probable demanda de la federación madrileña de judo por falsedad documental, que no es poca cosa. Y es que la ley dice que «será castigado con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años, la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad», por ejemplo (y entre otros criterios) «faltando a la verdad en la narración de los hechos». Y es así siempre que se trate de un documento público, como es el caso.

Ante este panorama, el alcalde, entre la espada y la pared, solo debería tener dos opciones: ordenar el cese de la actividad en el pabellón para evitar poner en peligro a las personas que lo utilizan o dimitir. En circunstancias normales seguro que no le quedaría otra.